El gobierno holandés ha anunciado la provisión de 14 millones de euros (16 millones de dólares) a Armenia para ayudar a los refugiados de Artsaj (Nagorno-Karabaj) a tener «acceso a vivienda asequible».
El anuncio se produjo el miércoles pasado, cuando el Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, realizó una visita oficial a los Países Bajos y se reunió con su homólogo holandés, David Van Weel.
Tras la reunión, Van Weel anunció la asistencia en una publicación en X, señalando que los fondos provendrán del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF).
El GCFF se creó originalmente en 2016 para responder a la crisis de refugiados sirios, con el objetivo principal de «ofrecer financiamiento en condiciones favorables a los países que albergan grandes cantidades de refugiados».
Inmediatamente después del éxodo de prácticamente toda la población armenia de Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 —tras la ofensiva final de Azerbaiyán en la región, que tuvo lugar tras un bloqueo de nueve meses—, el gobierno armenio lanzó varios programas de asistencia.
Posteriormente, también ofreció un programa estatal de vivienda, que aún no ha atraído a muchos refugiados.
“Hasta el momento se han emitido 1.900 certificados, estamos hablando de 25.000 familias beneficiarias […] de las cuales entre 300 y 400 ya se han beneficiado”, declaró en julio el último defensor de los derechos humanos de Nagorno Karabaj, Gegham Stepanyan.
Aunque reconoció que el gobierno modificó el programa estatal de vivienda, Stepanyan señaló que aún persisten muchas quejas, especialmente entre familias pequeñas que no podrían comprar un apartamento con la cantidad asignada.
Al 22 de agosto, menos de 11.000 armenios de Nagorno-Karabaj habían recibido la ciudadanía armenia, según el Ministerio del Interior, lo que representa una cifra considerablemente menor que la de refugiados que han abandonado Armenia y no han regresado. Según el Servicio de Seguridad Nacional, esta cifra ascendía a 16.000 al 1° de septiembre.
Además, basándose en el análisis de los datos, CivilNet observó que, entre la primavera de 2024 y la primavera de 2025, el número de refugiados que no regresaron se mantuvo en torno a los 11 000-12 000.
Sin embargo, la cifra aumentó hasta en 5 000 a partir de mayo de 2025, coincidiendo con el período en que el gobierno recortó la ayuda social a los refugiados para cubrir los gastos de alquiler.
La asistencia social se recortó a partir de junio, después de que el gobierno pospusiera la fecha de su entrada en vigor; el retraso se produjo después de una gran manifestación y varias protestas de refugiados en Ereván.
Al mismo tiempo, el Gobierno lanzó un nuevo programa dirigido a los grupos vulnerables.
El gobierno decidió recortar el programa de ayuda en noviembre de 2024. Los cambios redujeron el número de personas elegibles para recibir apoyo, excluyendo principalmente a las personas en edad laboral.
También incluyeron una reducción gradual de la asistencia mensual a partir del 1 de abril, de 50.000 dólares (130 USD) a 30.000 dólares (80 USD).
Las autoridades indicaron que el dinero se redirigiría a un programa estatal de asistencia a la vivienda, que fue condenado por algunos de sus beneficiarios previstos y posteriormente modificado.
FUENTES:
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