Se puede argumentar con convicción que la limpieza étnica de Nagorno-Karabaj llevada a cabo por el régimen de Bakú es un crimen internacional.
El domingo pasado, muchas iglesias cristianas de todo el mundo celebraron servicios ecuménicos de oración para pedir la liberación de 23 armenios detenidos injustamente en Bakú.
Diplomáticos de todo el mundo llegaron a la ciudad para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP29).
La falta de avances en la lucha contra el cambio climático, junto con la “limpieza étnica” de los armenios de Nagorno-Karabaj en 2023 , expone una preocupación fundamental y recurrente en los asuntos mundiales:
Que los “intereses nacionales” siempre surgirán para bloquear soluciones globales a problemas existenciales como el genocidio y el cambio climático.
El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, ilustró recientemente este punto, provocando controversia al describir las acciones de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj como una “liberación” en lugar de abordarlas como crímenes internacionales.
Las observaciones de Lammy no han sido corregidas. Algunos sostienen que esto pone de relieve la voluntad del Reino Unido de pasar por alto graves abusos de los derechos humanos.
Para facilitar las inversiones de British Petroleum (BP) en la región, inversiones que, a pesar de su etiqueta “verde”, probablemente empeorarán el cambio climático.
Durante miles de años, los armenios habitaron la región de Nagorno-Karabaj, que se convirtió en una “óblast” autónoma dentro de Azerbaiyán durante la era de la Unión Soviética.
Tras la victoria de Armenia en una guerra de 1993, el enclave se declaró República de Artsaj y los armenios ocuparon el territorio circundante.
Azerbaiyán recuperó la zona tras otra guerra en 2020, convirtiendo Nagorno-Karabaj en un enclave bajo la protección de las fuerzas de paz rusas, con acceso únicamente a través del Corredor de Lachin.
En febrero de 2023, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Azerbaiyán que mantuviera abierto el Corredor de Lachín para salvaguardar a la población armenia.
En cambio, Azerbaiyán lo cerró, suspendiendo los suministros esenciales y restringiendo la circulación.
En septiembre de 2023, Azerbaiyán había intensificado su campaña, bombardeando Nagorno-Karabaj y obligando a aproximadamente 120.000 armenios étnicos a huir a Armenia.
Abandonando su patria y soportando el “daño mental grave” descrito en la Convención sobre el Genocidio. 23 de ellos están en cárceles de Bakú como un mensaje a los armenios: si regresan, este será su destino.
Si el Presidente Aliyev hubiera tenido la intención de destruir a este grupo étnico, sus acciones constituirían genocidio.
De no haber existido esa intención, seguirían siendo crímenes contra la humanidad, que incluyen persecución y deportación forzada.
Estados Unidos y los países europeos emitieron condenas pero no llegaron, como siempre hacen, a calificar de genocidio las acciones de Azerbaiyán.
Optando, aparentemente, por preservar las alianzas geopolíticas en lugar de adoptar las medidas requeridas por la convención para prevenir el genocidio.
Estados Unidos considera a Azerbaiyán como un contrapeso estratégico a Irán y Rusia.
Los europeos, incapaces de obtener petróleo y gas del presidente Putin, han fortalecido sus vínculos con el presidente Aliyev.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo llama un “socio de confianza”.
Pero ¿cuál es la diferencia entre que Putin y Aliyev sean acusados de cometer graves crímenes internacionales?
Los signatarios de la Convención sobre el Genocidio, incluidos estos países, tienen la obligación legal de prevenir el genocidio.
Sin embargo, eluden esta obligación al negarse a definir legalmente los actos como tales.
En cambio, utilizan el término “limpieza étnica” (una expresión poderosa pero que no es un delito perseguible) para eludir las acusaciones de genocidio armenio en 2023.
Una dinámica similar surge con el cambio climático.
Los Acuerdos de París de 2015 obligan a los países a reducir el uso de combustibles fósiles, pero carecen de un organismo independiente que los haga cumplir.
Lo que permite a los países, una vez más, priorizar sus intereses nacionales.
Unos pocos países cumplen sus objetivos, mientras que otros los descuidan por completo.
En respuesta, se crearon “fondos verdes” para financiar iniciativas de energía limpia, siendo la financiación climática un objetivo clave de la COP29.
Azerbaiyán, como país anfitrión, está en condiciones de dirigir las negociaciones.
Pero sus intereses difieren de los de las naciones no productoras de petróleo que dependen de los fondos verdes para las transiciones hacia la energía limpia.
Los combustibles fósiles representan más del 90 por ciento de las exportaciones de Azerbaiyán.
Azerbaiyán planea utilizar fondos verdes para desarrollar energía solar doméstica, liberando combustibles fósiles para la exportación.
Esta política contradice la advertencia de la Agencia Internacional de Energía de que los nuevos proyectos de combustibles fósiles son incompatibles con los objetivos climáticos.
El impacto sobre el clima permanece inalterado mientras el combustible azerbaiyano simplemente se queme en Europa.
El gobierno de Azerbaiyán está promoviendo activamente su visión verde para Nagorno-Karabaj, designando a la región despoblada como una “zona de energía verde”.
BP fue la primera en aprovechar esta oportunidad de inversión.
Su director regional ha elogiado los esfuerzos de Azerbaiyán por convertir a Karabaj en “el corazón del desarrollo sostenible”.
Esto plantea la pregunta: ¿el respaldo de David Lammy a la narrativa de “liberación” de Azerbaiyán es parte de un acuerdo comercial?
Se pasan por alto las acusaciones de crímenes internacionales, y las inversiones verdes en Azerbaiyán intensificarán el cambio climático, no lo reducirán.
Nada ha mejorado en un siglo. El primer paso hacia el genocidio de 1915 fue el encarcelamiento y asesinato de la élite armenia, mientras Alemania y Estados Unidos miraban deliberadamente hacia otro lado.
La semana próxima, en Bakú, mientras Lammy y otros líderes hablan sobre el cambio climático, ignorarán la hipocresía de utilizar fondos verdes para promover las exportaciones de combustibles fósiles.
Más grave aún, negarán el hecho de que 23 personas de etnia armenia, incluidos dirigentes elegidos democráticamente, son víctimas de crímenes internacionales y están encarcelados a pocos kilómetros de las sedes de la COP29.
El exjuez argentino Luis Moreno Ocampo se desempeñó como fiscal fundador de la Corte Penal Internacional de 2003 a 2012.
FUENTE:
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